En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, declaró que los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a tomar medidas contundentes contra el cambio climático.
La corte determinó que no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente podría considerarse un acto internacionalmente ilícito, abriendo la puerta para que las naciones, especialmente los países ricos y de altas emisiones, enfrenten reclamaciones legales y paguen reparaciones a aquellos afectados por los impactos del clima. La opinión consultiva, impulsada por años de defensa de las naciones insulares del Pacífico y activistas juveniles, afirma que un ambiente saludable es un derecho humano y que todos los estados deben actuar con la debida diligencia para evitar que el calentamiento global supere los 1.5°C. Se espera que esta decisión histórica influya en futuras litigaciones climáticas y aumente la presión sobre los gobiernos y las industrias de combustibles fósiles en todo el mundo.
El fallo marca un punto de inflexión en el derecho internacional del clima, señalando el fin de la impunidad climática y el comienzo de una nueva era de responsabilidad.
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